Los juzgados ya han declarado abusiva la cláusula suelo, pero aún hay asuntos por resolver. Aquí actualizamos las últimas noticias sobre el suelo hipotecario y te mantenemos informado para que no te pierdas ninguna novedad.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy prorrogar la actividad de 16 juzgados especializados en cláusulas hipotecarias abusivas. Estos tribunales son los que se encargan exclusivamente de tramitar denuncias que reclaman la devolución de las cláusulas suelo o de los gastos hipotecarios, por ejemplo.
La prórroga será de seis meses o de un año. Los juzgados prorrogados un año se sitúan en las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla, Valladolid, Alicante, Valencia, Madrid, Vizcaya y Murcia, mientras que los extendidos seis meses se sitúan en Tenerife, Ciudad Real, Toledo, Barcelona, Castellón, Álava y Guipúzcoa.
El CPGJ, además, ha dado por finalizado el plan de especialización en seis juzgados situados en las provincias de Burgos, León, Palma de Mallorca, Santander, Pamplona y Oviedo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que el criterio de "cosa juzgada" no es válido para negar la devolución íntegra de lo pagado de más por la cláusula suelo. Este organismo se ha pronunciado sobre el caso de un cliente al que le devolvieron lo abonado solo a partir del 9 de mayo de 2013, que era lo que establecía la jurisprudencia del Tribunal Supremo antes del 21 de diciembre de 2016. Ahora, estos clientes podrán recuperar todo lo pagado indebidamente por la cláusula suelo (antes y después de 2013) aunque haya una sentencia firme.
La Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia publicada por la organización de consumidores ASUFIN, ha emitido un fallo que se salta la doctrina sobre "cosa juzgada". Este tribunal se ha pronunciado sobre el caso de un cliente que contrató una hipoteca con cláusula suelo en 2007 y que reclamó su nulidad en 2015. En ese momento, aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el juzgado ordenó que el banco le devolviera lo que cobró de más por el suelo desde mayo de 2013.
Ahora bien, en 2016, la justicia europea sentenció que los clientes tenían derecho a recuperar lo pagado indebidamente desde que empezó a aplicárseles el suelo. El Tribunal Supremo, sin embargo, impuso el criterio de que los que ya habían recuperado su dinero no podían volver a reclamar ("cosa juzgada"). La nueva sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid se opone a esta doctrina y ordena al banco que devuelva lo que cobró de más antes de mayo de 2013. Habrá que ver, eso sí, si el banco recurre al Supremo y este mantiene su criterio o no.
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional un artículo del decreto que establecía un mecanismo extrajudicial para recuperar lo pagado de más por la cláusula suelo. Dicho artículo estipulaba que si el cliente rechazaba la propuesta de devolución del banco e iba a juicio, tenía que pagar las costas judiciales en caso de que ganara y el monto a recuperar fuera inferior al ofrecido.
Según el TC, que ha aceptado en parte un recurso presentado por Unidas Podemos, dicho punto es inconstitucional. Por ello, en la práctica, los bancos que pierdan un juicio por cláusula suelo siempre tendrán que pagar siempre las costas judiciales. Asimismo, este tribunal ha sentenciado que las personas jurídicas podrán acogerse también al mecanismo extrajudicial para recuperar lo pagado de más.
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Evgeni Tanchev considera que la justicia española puede ordenar, de oficio, que un banco devuelva al cliente lo cobrado de más por la cláusula suelo. Es decir, que un juez pueda obligar al banco a pagar sin necesidad de que el cliente se lo reclame en un recurso, siempre que considere abusiva la aplicación de ese suelo.
El Consejo General del Poder Judicial ha dado a conocer hoy las estadísticas de los juzgados que se crearon en 2017 para resolver asuntos relacionados con las cláusulas hipotecarias abusivas (suelo, gastos de constitución, etc.). Según su informe anual del 2020, pese a que el año pasado se emitieron menos sentencias que en 2019 (-17%) por la pandemia, estos tribunales han resuelto ya un 60% de los asuntos ingresados desde su creación.
Este organismo afirma, además, que la inmensa mayoría de las sentencias emitidas en 2020 fueron a favor de los clientes: un 97,9%. Desde su puesta en marcha, estos juzgados se han puesto del lado de los afectados en un 97,2% de los casos.
El despacho de abogados Arriaga Asociados ha decidido presentar una demanda ante la Comisión Europea contra el Estado Español. En ella, denuncia que la doctrina del Tribunal Supremo que acepta llegar a un acuerdo de no reclamación entre banco y cliente vulnera la normativa de protección a los consumidores.
El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado prorrogar por un año más los juzgados especializados en cláusulas abusivas como el suelo, los gastos hipotecarios u otras relacionadas con las hipotecas. En nueve provincias, eso sí, estos tribunales desaparecerán por el descenso de demandas: Ávila, Soria, Segovia, Lugo, Ourense, Huesca, Teruel, La Rioja y Zaragoza. En estas regiones, las denuncias sobre estos temas se resolverán en juzgados de primera instancia.
Tras verse obligados a parar su actividad durante el primer estado de alarma, los juzgados especializados en cláusulas abusivas hipotecarias (suelo, gastos de formalización, IRPH...) volvieron a la normalidad durante el tercer trimestre. Según el Consejo General del Poder Judicial, en ese período se resolvieron un total de 26.603 asuntos y se dictaron 23.128 sentencias; un 80% de ellas favorables al cliente. Por ahora, estos tribunales han resuelto el 56% del total de denuncias recibidas desde su creación.
El Tribunal Supremo ha interpretado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para decidir si son abusivos los pactos privados para quitar o reducir el suelo a cambio de no reclamar. Según el Supremo, rebajar un interés mínimo es válido, pero la renuncia a reclamar es abusiva si el banco no explicó al hipotecado las consecuencias de esa renuncia. Por lo tanto, los clientes afectados por estos acuerdos sí podrían exigir la devolución de lo que pagaron de más por esta cláusula hasta la formalización del pacto.
Nuestro alto tribunal se reunirá el 21 de octubre de 2020 para definir el alcance del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que indica que los pactos de no reclamación para eliminar o rebajar el suelo son abusivos si el banco no le dio suficiente información al cliente. Se espera que establezca cuándo se puede dar esa falta de transparencia y cuándo puede declararse abusivo un nuevo tipo mínimo incluido tras el acuerdo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que los pactos de no reclamación, formalizados entre bancos y clientes para quitarles o reducirles el suelo hipotecario, son abusivos si el consumidor no recibió información sobre el "carácter no vinculante" del acuerdo y sobre las consecuencias de firmarlo. Por lo tanto, aquellos que no recibieron estas explicaciones podrán reclamar que se les devuelva todo lo pagado de más por culpa de la cláusula suelo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitirá el 9 de julio su sentencia sobre la validez de los pactos de no reclamación. El objeto del fallo son los acuerdos que varios bancos firmaron con sus clientes para quitarles (o rebajarles) el suelo hipotecario a cambio de que estos no pudieran presentar denuncias en el futuro. Si la decisión favorece a los consumidores, los afectados podrían recuperar lo pagado de más antes de suscribir uno de estos pactos.
El Tribunal Supremo ha condenado a un banco por aplicar un interés mínimo abusivo en el préstamo de un taxista, pues este no recibió ni la ficha de información personalizada del crédito ni el aviso de que se le incorporaba una cláusula suelo. De este modo, este organismo da luz verde a que los autónomos puedan recuperar lo pagado de más por culpa de esta práctica bancaria.
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Henrik Saugmandsgaard, considera que los acuerdos privados que algunos bancos firmaron con sus clientes entre 2013 y 2016 para quitarles el suelo a cambio de que estos renunciaran a reclamar en el futuro se ajustan al Derecho Europeo.
Ahora bien, para que sean válidos es imprescindible que al cliente se le explicaran en su momento las consecuencias económicas y jurídicas de llegar a ese pacto. Las conclusiones no son vinculantes para el TJUE, pero si este organismo emite una sentencia en el mismo sentido, los afectados podrían reclamar lo que pagaron de más hasta que firmaron esos pactos.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dado la razón a dos personas que querían reclamar la devolución de lo pagado de más por una cláusula suelo incluida en una hipoteca ya cancelada. La entidad prestamista no quiso devolver el dinero por considerar que ese préstamo ya no tenía validez, pero el TS considera que el plazo para reclamar comienza, precisamente, cuando se cancela el contrato (consumación del contrato).
Henrik Saugmandsgaard, Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, presentará el próximo 12 de diciembre sus conclusiones sobre la validez (o no) de los pactos de no reclamación. Estos acuerdos privados, suscritos entre bancos y clientes, se firmaron mayoritariamente entre 2013 y 2016: las entidades se ofrecían a quitar o bajar el suelo de la hipoteca a cambio de que el cliente se comprometiera a no reclamar judicialmente en el futuro para, por ejemplo, exigir la devolución de lo pagado de más.
El Tribunal Supremo español consideró válidos estos acuerdos en una sentencia de abril de 2018, pero ahora la justicia europea tiene que determinar si esa doctrina es contraria a la normativa comunitaria.
La Comisión de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones confirmó que la suma de las devoluciones por vía extrajudicial a los afectados por las cláusulas suelo asciende a 2.300 millones de euros.
Estas cifras se estipulan desde julio de 2017 hasta febrero de 2019. Aun así, según datos del Ministerio de Economía, todavía están pendientes de resolución 5.735 casos extrajudiciales. De los resueltos, solo el 44% fueron admitidos por los bancos españoles.
Recordemos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció el 21 de mayo que los juzgados especializados en las cláusulas abusivas han recibido casi 400.000 casos desde junio de 2017. No obstante, hasta ahora solo han podido resolver el 34,9% de los asuntos.
El Supremo ha sentenciado que un simple correo electrónico comercial para informar al cliente sobre las condiciones de su futura hipoteca no es suficiente para pasar el test de transparencia. Según el alto tribunal, no vale con "enmascarar" la cláusula suelo entre las condiciones de la operación, sino que hay que explicar también cuáles son las consecuencias económicas y jurídicas de su incorporación.
El Tribunal Supremo sienta jurisprudencia tras sentenciar que, cuando se produce una subrogación de deudor, la entidad prestamista está obligada a informar al nuevo titular de la hipoteca de la existencia de una cláusula suelo en el contrato. En consecuencia, si un consumidor no recibió el aviso antes de adquirir el préstamo del vendedor de su nueva vivienda, también tiene derecho a reclamar que se le elimine el suelo y se le devuelva lo pagado de más.
El Tribunal Supremo considera que los acuerdos privados que ciertos bancos suscribieron con sus clientes para retirarles el suelo a cambio de que no reclamaran judicialmente son válidos. Para justificar su decisión, este organismo argumenta que estos pactos fueron transacciones que se formalizaron, precisamente, "para evitar una controversia judicial". Sin embargo, el fallo cuenta con un voto particular contrario del magistrado Orduña. Además, varias asociaciones de consumidores como ADICAE ya han manifestado su rechazo a esta sentencia.
Banco Popular (ahora perteneciente al Santander) BBVA y CaixaBank han tenido que incrementar sus provisiones para devolver lo que cobraron por el suelo que aplicaron indebidamente. En concreto, CaixaBank eleva en 110 millones de euros esa cantidad, mientras que el Popular prevé gastar 100 millones de euros más de lo que había presupuestado en un principio. BBVA, por su parte, no ha hecho público en cuánto se han superado sus expectativas, pero sí ha trascendido que se han quedado cortos los 577 millones que reservó para este fin.
La organización de consumidores FACUA ha interpuesto una denuncia contra cinco bancos por las trabas que estos, presuntamente, ponen a los clientes que reclaman la devolución de lo pagado por el suelo a través de la vía extrajudicial decretada por el Gobierno. Esta asociación asegura que Unicaja, EspañaDuero, Banco Sabadell, Banco Popular y Caja Rural de Navarra obligan a los reclamantes a pasar por varios trámites innecesarios que entorpecen todo el proceso y retrasan la devolución efectiva del dinero.
Facua también pide al Banco de España y al Ministerio de Economía que investiguen a estos bancos para garantizar el derecho de los usuarios a recuperar lo pagado de más por la cláusula suelo.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha sentenciado que los bancos que pierden un juicio por cláusulas abusivas tienen que hacer frente a todas las costas judiciales. Según este órgano, si el consumidor tuviera que asumir una parte de los gastos aunque ganara, se podría producir un efecto disuasorio para el resto de los afectados por el suelo. El fallo del Supremo contradice el primer apartado del artículo 4 del Real Decreto-ley 1/2017, que establece que una entidad solo debe abonar las costas judiciales en el caso de que la sentencia sea más favorable para el consumidor que la oferta efectuada a través del mecanismo extrajudicial.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo cierra la puerta a todas las peticiones de recurso de los casos anteriores al dictamen del TJUE que apuntaba a la retroactividad total. Según el Supremo, no se puede volver a revisar una sentencia en firme, bajo el principio de cosa juzgada, aunque el fallo contradijera la doctrina europea, puesto que esta aún no existía.
Así pues, todos los recursos planteados sobre sentencias en firme anteriores al 21 de diciembre de 2016 serán rechazados.
El Tribunal Supremo se ha visto obligado a modificar su jurisprudencia para adaptarla a la sentencia del TJUE que establece la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo abusivas. Esto significa, en la práctica, que los afectados por el suelo hipotecario pueden, a partir de ahora, recuperar todo lo pagado de más desde que se empezó a aplicar esta cláusula; no desde el mes de mayo de 2013 como el Supremo había determinado antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diera la razón a los consumidores.
El partido del Gobierno (PP) y el principal de la oposición (PSOE) han acordado crear un mecanismo extrajudicial para que los afectados y las entidades puedan acordar la devolución de las cláusulas suelo. De esta manera, se intenta evitar un colapso de la justicia y se busca acelerar el proceso de reclamación para los más de 1,4 millones de afectados, según el Ejecutivo.
Estas son las 7 claves del mecanismo, que se espera sea aprobado el viernes 20 de enero de 2017:
Los bancos están obligados a comunicar a sus clientes la puesta en marcha de este mecanismo.
El consumidor no está obligado a aceptar la oferta que le proponga el banco.
Este proceso no tendrá ningún coste para el cliente.
Los afectados pueden recuperar su dinero en un máximo de 3 meses.
Las entidades deberán proponer en primer lugar una oferta en metálico y después, si quieren, otras posibilidades.
Si el cliente no está de acuerdo con el trato, puede ir a los tribunales.
Si la disputa termina trascendiendo a juicio, será el cliente el que abone las costas del juicio si el banco es condenado a pagar menos dinero que el que ya había propuesto antes de llegar al tribunal.
Por este motivo, ahora más que nunca es vital conocer a cuánto aumenta la devolución por cláusula suelo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que los afectados por las cláusulas suelo pueden recuperar todo lo que han pagado de más en este concepto, reconociendo la retroactividad total y sentenciando que la retroactividad parcial que marcó el Tribunal Supremo es incompatible con el derecho de la Unión Europea.
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