La opción de alquilar o comprar no existe para las familias con menos recursos, pues ni pueden pedirse una hipoteca ni pueden pagar los altos arrendamientos actuales. Por ello, varios partidos y asociaciones pretenden modificar la regulación del alquiler para asegurar el derecho a la vivienda. En esta página explicaremos cuáles son las propuestas más destacadas y cuál es la ley actual.
Alquilar una casa o un piso en España es cada vez más complicado. El precio de los arrendamientos entre particulares se ha disparado durante los últimos años: según Fotocasa, uno de los portales inmobiliarios más prestigiosos, aumentó un 5,1% durante el pasado 2019. Este incremento deja fuera del mercado de la vivienda a miles de españoles que, por sus recursos modestos, no pueden adquirir un inmueble en propiedad ni pueden pagar las elevadas rentas del alquiler, especialmente altas en las grandes ciudades.
De hecho, es en las principales capitales donde se ha formado una auténtica burbuja del alquiler, que afecta sobre todo a los jóvenes que desean emanciparse y no pueden hacerlo por culpa de las altas rentas. En comunidades como Cataluña (principalmente en Barcelona) o Madrid, los precios han aumentado un 40% y un 30% respectivamente, algo que no se veía desde la crisis y que las actuales leyes de arrendamiento no pueden evitar.
Por todo lo expuesto, tanto los actores que se mueven dentro del mercado de la vivienda (principalmente los inquilinos) como algunos partidos políticos han planteado la necesidad de modificar la regulación del alquiler para adaptarla a la situación excepcional que se vive en España. Bajo esa premisa, el PSOE promulgó un decreto el 5 de marzo de 2019 que fue convalidado posteriormente por el Congreso de los Diputados, y el Parlamento de Cataluña lanzó, el 22 de septiembre de 2020, una regulación propia para contener el precio de los arrendamientos.
La Ley 11/2020, en vigor desde el 22 de septiembre de 2020, pretende regular el precio de los arrendamientos de las áreas de Cataluña consideradas "de mercado de vivienda tensionado". Cumplen este criterio las zonas que cumplan uno de los siguientes requisitos:
Con precios que hayan aumentado de manera sostenida claramente por encima de la media de esta comunidad.
Con rentas de alquiler que superen el 30% de los ingresos habituales de la unidad familiar o de los ingresos medios de los menores de 35 años.
Con precios con una subida interanual acumulada, durante los últimos cinco años, de al menos tres puntos porcentuales por encima de la tasa interanual del IPC catalán.
Las viviendas públicas o de asistencia social quedan fuera de esta legislación, pues sus rentas ya están reguladas.
En estas áreas, la renta pactada al inicio del contrato de arrendamiento no puede superar el precio de referencia para el alquiler de una vivienda con características equivalentes en el mismo entorno urbano. Este se calcula eliminando las áreas superior e inferior de un índice de referencia que registra la propia Generalitat de Catalunya.
La Generalitat, el Área Metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona pueden declarar área de mercado tensionado cualquier zona que entre dentro de su competencia, siempre de forma motivada. Por ahora, en la propia ley se declaran zonas tensionadas ciudades como Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, l'Hospitalet de Llobregat o Badalona, así como numerosas capitales de comarca y localidades de los principales núcleos urbanos de Cataluña.
Como decíamos, el Partido Socialista Obrero Español modificó las distintas normativas que regulan el mercado de los arrendamientos a través del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Este fue refrendado por las Cortes, aunque con los votos contrarios de partidos como el PP o Ciudadanos.
Este es el resumen de las medidas más destacadas del decreto:
Incremento del plazo mínimo de los contratos de tres a cinco años. Pasado ese período, si ninguna de las partes avisa un mes antes de que no quiere renovarlo, se prorroga automáticamente por plazos anuales un máximo de tres años más. Si el arrendador es persona jurídica, este plazo mínimo es de siete años.
Regulación de las fianzas. El arrendatario puede exigir un equivalente a una mensualidad más una garantía adicional a pactar entre las partes que no puede superar las dos mensualidades.
Coordinación entre los tribunales y los servicios sociales para poner en alerta a estos últimos en caso de desahucio de personas o familias vulnerables.
Modificación de la ley de propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos puedan limitar la actividad turística en los edificios.
Obligación de pagar los gastos de gestión por parte del arrendador si es una persona jurídica, es decir, los honorarios de la agencia inmobiliaria más las costas de formalización del contrato.
Hay que decir, eso sí, que el PSOE ya presentó una propuesta más ambiciosa a finales de marzo de 2018, en la que también se establecían inversiones para promover la vivienda dotacional y social o incentivos fiscales para los arrendatarios. Asimismo, este partido promulgó otro decreto a finales de 2018 que fue tumbado por el Congreso de los Diputados.
Pero no solo los partidos políticos abanderan la campaña para regular el alquiler. La subida de las rentas ha animado a muchos inquilinos a formar asociaciones como los sindicatos de inquilinos de Barcelona y de Madrid, que exigen que se legisle para dar respuesta a los problemas ocasionados por el encarecimiento de los arrendamientos.
Por ejemplo, estas organizaciones proponen que los contratos sean de seis o de 12 años (según si el piso es de un pequeño o de un gran propietario), que las rentas estén sujetas al IPC o a otros índices oficiales o que se registren las viviendas, solares y propiedades verticales desocupadas durante más de un año, así como que los solares y las propiedades verticales sean expropiados si han estado vacíos más de un año.
El pasado 31 de marzo de 2020, el Gobierno de España aprobó diversas medidas para apoyar a los inquilinos que no puedan pagar el alquiler durante el confinamiento. Aunque la mayoría ya no están activas, hay una que sigue vigente: los créditos a inquilinos en situación de vulnerabilidad.
Estos préstamos, cuyo interés es del 0% TAE, se pueden devolver hasta en seis años (prorrogables a cuatro más) sin pagar intereses ni comisiones. Pueden pedirlos los afectados por reducción de jornada y los autónomos que no cobren al menos tres veces el IPREM. El importe íntegro del crédito es para pagar la renta del alquiler.
El plazo para solicitar estos préstamos acaba el 31 de mayo de 2021, aunque puede formalizarse la contratación del crédito hasta el 30 de junio de 2021..
Para qué sirve esta página: aquí recogemos las principales propuestas de partidos y de asociaciones de inquilinos para modificar la regulación del alquiler.
Metodología: hemos encontrado las propuestas para regular el alquiler a través de una completa investigación online.
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