El Govern de Cataluña, presidido por Salvador Illa (PSC), estudia la posibilidad de aplicar una solución drástica para resolver el problema de acceso a la vivienda que sufre su comunidad en particular y España en general. La medida en cuestión, propuesta por el grupo parlamentario de los Comuns, consiste en prohibir la compra especulativa de pisos y casas y permitir solo la adquisición a los que pretendan residir en el inmueble de manera habitual.
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Grupo de trabajo para explorar la posibilidad
Hay que destacar que el Ejecutivo catalán todavía no ha decidido si impulsará esta medida. De momento, representantes del PSC y de los Comuns constituyen hoy un grupo de trabajo para estudiar si sería posible prohibir la compra especulativa de vivienda.
La propuesta de los Comuns, presentada ya como proposición de ley en el Parlament de Cataluña, plantea limitar temporalmente la compra de casas y pisos con una finalidad que no sea residencial, y solo en zonas en las que se acredite riesgo de pérdida del derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada.
Según la propuesta, también se permitiría adquirir una vivienda si se destinara a alquiler para residencia habitual, a un precio limitado por la actual Ley de Vivienda. Asimismo, se podría comprar un piso o una casa para que residieran ahí familiares próximos (como los hijos) y, excepcionalmente, podrían comprarse también segundas residencias, pero no podrían destinarse a alquiler turístico o de temporada.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no se ha comprometido a apoyar esa iniciativa, pero sí ha avanzado que “todo lo que se pueda hacer con cierto realismo para garantizar la vivienda como un derecho, lo haremos”.
¿Se puede prohibir la compra de vivienda especulativa?
Esta propuesta plantea no pocas dudas legales; de ahí que se haya constituido ese grupo de trabajo para estudiar si podría aplicarse o no. Según los Comuns, se trata de una medida perfectamente constitucional, dado que estaría justificada por proteger el interés general y, a juicio del partido político, solo limitaría el derecho a la propiedad privada, pero no lo suprimiría.
Si quieres conocer con mayor profundidad los argumentos de los Comuns, puedes echar un vistazo a la Exposición de motivos de su proposición de ley. La encontrarás aquí (página 109)
Desde el sector inmobiliario, en cambio, opinan todo lo contrario. A mediados de este mes, diversas organizaciones del mundo del ladrillo presentaron un informe a través de un comunicado conjunto, elaborado por dos doctores universitarios, que ponía en duda la legalidad de la medida. Según el documento, prohibir la compra (especulativa o no) “ataca el núcleo esencial del derecho de propiedad” y supone “una inversión del orden constitucional”.
Puedes leer un resumen del informe en este artículo de La Vanguardia.
¿Medida necesaria o extralimitación regulatoria?
Más allá de si se trata de una iniciativa legal o no, la posibilidad de prohibir la compra especulativa de casas y pisos también plantea un dilema moral. ¿Es justo limitar la adquisición para resolver el enorme problema de acceso a la vivienda que se vive en Cataluña (y en España en general)? ¿O está por encima el derecho a la propiedad privada y la libertad del propietario para disponer de su inmueble como desee?
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