El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo aval público para proteger a los propietarios frente a impagos del alquiler cuando alquilan a jóvenes y a personas vulnerables. La medida se ha aprobado mediante real decreto y forma parte del futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que aún está pendiente de aprobarse. De momento, se sabe qué cubre y qué requisitos habrá que cumplir, pero no se ha concretado ni el presupuesto ni todos los detalles prácticos.
Coberturas del nuevo aval
En esencia, este aval es una cobertura pública para los caseros ante tres tipos de problemas:
- el impago de las rentas de alquiler,
- los daños que pueda sufrir la vivienda
- y los suministros pendientes de pago, como luz, agua o gas.
Solo se aplicará a contratos de arrendamiento de vivienda que estén vigentes a 30 de enero de 2025. La gestión no la hará directamente el Estado, sino las comunidades autónomas, que serán las encargadas de tramitar las ayudas, pagar a los propietarios cuando proceda y enviar al Ministerio de Vivienda información periódica sobre las coberturas concedidas.
Requisitos para acceder a los avales del alquiler
Los beneficiarios de esta medida serán, en primer lugar, los propietarios de las viviendas alquiladas. En algunos casos también podrán ser las propias comunidades autónomas, si estas firman seguros específicos con los arrendadores y asumen la cobertura. Eso sí, para poder acogerse a estas ayudas será imprescindible estar al corriente de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.
No todos los alquileres podrán acceder a este aval.
- Está pensado para contratos con jóvenes menores de 35 años o con inquilinos considerados vulnerables, según los criterios que marque cada comunidad autónoma, que normalmente se basan en ingresos, cargas familiares y otras circunstancias similares.
- La renta del alquiler no podrá superar el índice estatal de referencia de precios (SERPAVI) y será obligatorio haber depositado la fianza legal y sus actualizaciones en el organismo correspondiente.
- Propietario e inquilino también tendrán que firmar un compromiso específico relativo a este aval, siguiendo el modelo que apruebe la Administración. Sobre esa base común, cada comunidad podrá fijar condiciones adicionales si lo considera oportuno.
Objetivo: reforzar la protección al propietario
La financiación del sistema está aún por concretar. Está previsto habilitar una partida presupuestaria específica, pero el real decreto no detalla el importe. El funcionamiento, en teoría, será el siguiente: primero, las comunidades autónomas adelantarán el dinero para cubrir los impagos y daños que cumplan los requisitos; después, en el último trimestre del año, el Ministerio de Vivienda les reembolsará los gastos justificados mediante una transferencia. A cambio, las autonomías tendrán que remitir cada seis meses información detallada de las ayudas concedidas.
Sobre el papel, la intención del Gobierno es reforzar la protección de los propietarios que alquilan a colectivos con más dificultades de acceso a la vivienda, de forma que se reduzca el miedo a los impagos y aumente la oferta de pisos en alquiler para jóvenes y personas vulnerables.
Además de este aval para el alquiler, el Gobierno tiene en marcha desde hace meses el Aval ICO, que tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda a través de la compra para los jóvenes y familias que no tengan ahorros suficientes.
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