¿Qué dice el Tribunal Supremo sobre las tarjetas revolving?

Las tarjetas revolving han estado, en los últimos años, en el centro de un debate complejo. A raíz de dos sentencias del Tribunal Supremo, una en 2015 y otra en 2020, se han multiplicado las reclamaciones. Sin embargo, la ley que determina si los intereses son abusivos no es clara y, como consecuencia, tampoco lo es su interpretación.

Aprobada el 23 de julio de 1908, y más un siglo después, esta ley sigue siendo no solo vigente sino determinante para decidir la nulidad de los contratos de préstamos. Su origen se remonta a los préstamos usurarios de principios del siglo XX y sus condiciones abusivas o leoninas. Esta ley también es conocida como Ley de Azcárate en honor a Gumersindo de Azcárate, diputado del Congreso que inició los trámites legislativos con el fin que dicha normativa fuese aprobada.

El Tribunal Supremo ha determinado los intereses pactados en una tarjeta ‘revolving’ serán considerados usurarios cuando el interés es ‘notablemente superior’. Esto es si la diferencia entre el tipo medio de mercado de la tarjetas (previas al 2010) y el pactado supera los 6 puntos porcentuales. Pero, además, para tarjetas posteriores a 2010 se considera que el interés es notablemente superior si la diferencia entre el tipo medio de mercado y el pactado supera los 3 puntos porcentuales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha querido pronunciarse sobre la usura de los intereses de las tarjetas revolving en relación a la consulta que le hacía el Juzgado de Primera Instancia de Castellón en 2021. Considera que al haber un acuerdo para la resolución de esa disputa y al haber ya jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo, no debe pronunciarse al respecto. 

El Juzgado de Primera Instancia 25 de Sevilla dictó una sentencia determinando el importe que el usuario puede reclamar a la entidad financiera. Siguiendo el artículo 1964.2, que regula el ejercicio de acciones personales, se fijó una prescripción de cinco años. Por eso, las reclamaciones tendrán que ajustarse a dicho término, siempre y cuando los pagos indebidos se hicieron tras el 7 de octubre de 2015. En caso contrario, cuando las pagos se realizasen antes de esa fecha, la reclamación tendrá un plazo de prescripción de 15 años.

La ambigüedad de la ley de usura respecto a la limitación de la TAE ha desencadenado resoluciones dispares, incluso contradictorias. Así, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón elevó el tema al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El propósito fue determinar hasta qué punto es compatible el Derecho de la Unión Europea con el fallo del Tribunal Supremo español respecto a las tarjetas revolving. Y, más precisamente aclarar si los jueces españoles deberían continuar con la potestad de fijar de manera independiente el margen a partir del cual se considera usurario un interés.

Tras casi dos años de proceso, la Sentencia del Tribunal Supremo (2020) sobre las tarjetas revolving falló a favor del consumidor, considerando usurarios los intereses "notablemente superiores" al interés medio de las tarjetas de crédito. Para ello comparó el tipo de interés de la tarjeta en cuestión con el tipo de interés medio de las tarjetas de crédito en nuestro país, utilizando los datos del Banco de España. De acuerdo con la propia sentencia, para comparar los tipos de interés de diferentes créditos se debe utilizar su TAE.

La conocida como sentencia de las "tarjetas revolving" marcó un precedente y abrió las puertas a reclamaciones en masa. Los usuarios con sobreendeudamiento y clientes con tarjetas de crédito con intereses muy superiores han visto en esta sentencia una oportunidad para reclamar a los bancos. A su vez, también hizo que los bancos reaccionasen endureciendo el acceso a crédito, rebajando límites de crédito y aplicando ciertas comisiones.