Los jueces paralizan desahucios a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la UE

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El titular del juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona, Francisco González de Audicana Zorraquino, ha suspendido la tramitación de una ejecución hipotecaria hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencie si la normativa española en materia hipotecaria vulnera la normativa europea de consumo.

Esta cuestión prejudicial planteaba, según el juez, que «un sistema de ejecución de títulos notariales sobre bienes hipotecados o pignorados en el que las posibilidades de oposición frente a la ejecución se encuentran restringidas es incompatible con la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos con los consumidores».

Así, «ante la existencia de dudas en relación a la compatibilidad del procedimiento de ejecución hipotecaria con la Directiva 93/13/CEE», el juez procede a suspender «el presente procedimiento» hasta que haya resolución por parte del tribunal europeo.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha recordado que, el pasado 27 de noviembre, otro juez, el del juzgado de Primera Instancia número 2 de Azpeitia (Guipúzcoa) también suspendió un procedimiento hipotecario instado por la Caja Rural de Navarra y que existen otros jueces en Terrassa (Barcelona), El Ejido (Almería) y Chiclana (Cádiz), han llegado a la misma conclusión, suspendiendo varias ejecuciones.
La plataforma ha destacado que la sociedad civil y ahora los jueces están dando la respuesta que el Gobierno sigue sin dar al problema de las ejecuciones y los desahucios:
Mientras el Gobierno, cediendo a la presiones de las entidades financieras, se limita a aprobar moratorias insuficientes que excluyen al grueso de la gente afectada, las PAH siguen paralizando cientos de desahucios y forzando a las entidades financieras a conceder cientos de daciones en pago. Exigimos el cambio inmediato de la ley y la regulación de la dación en pago retroactiva, la moratoria de todos los desahucios de vivienda habitual y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de entidades financieras, tal y como recoge la Iniciativa Legislativa Popular que ya ha entregado más de 750.000 firmas y que finaliza en enero. Mientras el Gobierno persista en ignorar el clamor popular, le hacemos directamente responsable del grave sufrimiento causado a las miles de familias víctimas de la estafa hipotecaria.»

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Autor: A. Portolés


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