El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado en rueda de prensa que se cambiará la ley para que el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) lo pague el banco. Esta modificación se llevará a cabo mañana a través de la promulgación de un Real Decreto-ley que derogará la normativa vigente, que según el Tribunal Supremo es la que provoca que el tributo recaiga sobre el cliente.

El cliente se ahorraría el impuesto de las hipotecas

El jefe del Ejecutivo ha destacado que la Moncloa «respeta la labor e independencia del Poder Judicial, pero lamenta la situación generada» por no ser positiva ni para las entidades, ni para los clientes. Por lo tanto, para «asegurar la igualdad», ha anunciado un cambio legislativo para que el IAJD recaiga sobre el banco y no sobre el hipotecado. «Nunca más los españoles pagarán este impuesto», ha explicado.

En concreto, se promulgará mañana un Real Decreto-ley con el que se derogará el artículo de la normativa que regula el pago de este tributo. De este modo, será la banca la que tenga que hacer frente al impuesto, aunque los que ya lo abonaron no podrán reclamar su devolución. Preguntado por este extremo, Sánchez ha afirmado que «las reglas fiscales no obedecen al principio de retroactividad».

Cuestionado sobre si esta medida encarecerá las hipotecas, el presidente de España ha comentado que cree y espera que no, argumentando que «el mercado hipotecario es bastante competitivo». Ha apelado también a la «responsabilidad» del sector bancario para que no se repercute el coste del tributo al cliente. Sin embargo, antes de la sentencia del Supremo sobre el IAJD se daba por hecho el encarecimiento de las hipotecas en caso de un fallo favorable a los consumidores, así que habrá que ver cuál serán los movimientos de la banca tras este anuncio.

El resto de los gastos se regularán con la nueva ley hipotecaria

El cambio legislativo comunicado por Sánchez solo afectará al impuesto sobre actos jurídicos documentados. En cuanto a los otros gastos de hipoteca (notaría, tasación, registro, etc.), se establecerá quién debe pagarlos en la nueva ley hipotecaria que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados. Por ahora, el criterio que vale es el del Tribunal Supremo, que considera que estas costas también debe cubrirlas el banco sin especificar en qué medida.

Así, los que ya hayan abonado estos gastos íntegramente pueden reclamar su devolución, ya sea ante el Servicio de Atención al Cliente de su banco o ante el juzgado de cláusulas abusivas que corresponda. Para una hipoteca media de 150.000 euros, se calcula que cada hipotecado podría recuperar unos 1.638 euros: 863 euros de aranceles notariales, 375 euros de aranceles registrales y 400 euros de honorarios de gestoría.

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Autor: Miquel Riera


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