Nuevo espaldarazo a la dación en pago y a la reforma del sistema hipotecario. Esta vez ha sido el Tribunal Constitucional (TC) quien ha descartado el recurso que impuso un juzgado de Sabadell que planteaba la posible inconstitucionalidad del sistema de ejecuciones hipotecarias español. El órgano, máximo intérprete de la Constitución, justifica el rechazo a partir de sentencias pasadas, de hasta hace 30 años.

Concretamente, se basan en una sentencia del 18 de diciembre de 1981 (recordemos, sólo tres años después de que se aprobara la Constitución) y otra de 1993. Ambas consideran que los afectados no quedan indefensos porque pueden (1) suspender el proceso con el pago de la deuda y (2) iniciar un proceso declarativo, es decir, llevar a los tribunales su caso concreto.

Subjetivamente, nos parece cuanto menos ingenuo pensar que alguien que no puede pagar la hipoteca vaya a (1) pagar de repente la deuda o (2) correr alegremente con los gastos que supone denunciar a un banco.

Un juez catalán, el único a favor de estudiar el recurso

El juez Eugeni Gay fue el único que emitió un voto distinto al resto. El Magistrado critica que las normas se hagan “de espaldas a la realidad social” y considera que la remisión a antiguas sentencias no es “suficiente para desechar como infundada” la cuestión de inconstitucionalidad, ya que el contexto económico y social actual es muy distinto al de los años 80 y 90.

Pese a todo, el hecho es que el Tribunal Constitucional no estudiará este recurso de inconstitucionalidad. Con la batalla perdida en el campo judicial, la Reforma Hipotecaria pasa por la esfera política y social. Recordemos que desde algunos partidos políticos (IU, ERC, ICV) y muchas entidades sociales (PAH, ADICAE, CCOO) sigue proponiéndose un debate serio sobre la dación en pago. Veremos cómo acaba la película.

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