La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha reclamado ante el Parlamento un acuerdo político para facilitar a los hipotecados el pago de sus préstamos, mediante moratoria o flexibilidad en el pago de las cuotas. A través del informe ‘Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo’, la defensora también ha señalado hasta 20 soluciones para los hipotecados, como por ejemplo:
- Supresión de tasas
- Moderación de cláusulas penales
- Paralización del devengo de intereses durante el proceso
- Permitir el pago del capital antes que los intereses, lo que conllevaría la reducción de la deuda que genera obligaciones accesorias
- Tanto la vivienda habitual como un local de negocio deberían recibir una protección extraordinaria en una ejecución hipotecaria, llegando incluso los casos más extremos a la dación en pago, o buscando soluciones que permitan la continuidad a través de otras figuras jurídicas como el arrendamiento forzoso
- Crear un procedimiento específico para las personas físicas, ya sea procesal o extraprocesal, que permita al ciudadano negociar sus deudas y evitar que se le condene a la pobreza ya que, según el informe “La actual legislación concursal no es adecuada”
Cava de Llano ha alertado del riesgo de “pobreza” y “exclusión social” en el que se encuentran algunos ciudadanos españoles y advierte que España se encuentra en una “situación excepcional”.
“La situación actual requiere extender los beneficios que ya recibe la banca, al otro lado de la relación, esto es, al cliente sobreendeudado”, ha afirmado.
Críticas al Banco de España
La Defensora del Pueblo ha puesto de manifiesto que el Banco de España centra sus actuaciones en la supervisión de los mercados financieros y deja en “un segundo plano” la protección al consumidor. Según asegura el informe, el BdE “protege más a las entidades que a los ciudadanos” y el funcionamiento de su Servicio de Reclamaciones “pone en evidencia” que “rara vez” se pronuncia sobre las reclamaciones que plantean los ciudadanos, ya que “con carácter general” consideran “ajenas” a sus competencias las cuestiones que no estén relacionadas con la solvencia de las entidades de crédito.
En resumen, reclama una “mayor implicación” por parte del Banco de España en la protección de los consumidores y como arbitro de las relaciones banca-cliente, así como reforzar la independencia del Servicio de Reclamaciones para que ejerza una “verdadera” labor mediadora, a fin de evitar, incluso, procesos judiciales.
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