Hoy lunes 31 de noviembre de 2011 entra en vigor la Ley/37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, por la cual los inquilinos morosos tendrán únicamente 10 días para responder ante el juez por la denuncia cursada por sus caseros. De no hacerlo en este plazo, se procederá directamente al desalojo si necesidad de juicio.
Según ha comentado a la prensa Sergio Lusilla, abogado y director del Departamento Jurídico de Alquiler Seguro, “Este cambio legislativo está pensado para agilizar el proceso de desahucio y para que el propietario pueda recuperar su vivienda en apenas dos o tres meses desde que presenta la demanda si se aplica bien la nueva normativa. Actualmente, este periodo se alarga, como mínimo, durante 10 o 12 meses”.
En resumen, una ley que nace para paliar los déficits del ‘desahucio exprés’ creado en 2009 y para proteger al propietario de los inquilinos que no pagan, que ya son un 15,4% más que hace un año, según el ‘V Estudio FIM sobre morosidad en los arrendamientos en España 2011′, elaborado por el Fichero de Inquilinos Morosos (FMI).
Un ‘despropósito’ que vulnera los derechos
Ante la entrada en vigor de esta ley, Ada Colau, portavoz de Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha enviado un comunicado esta misma mañana donde declara que:
- “Ante la lluvia de despidos masivos, el aumento del paro alcanzando cifras históricas (casi 5 millones según los últimos datos) y las previsibles dificultades de muchas familias para hacer frente al pago del alquiler, una medida como esta resulta injustificable.”
- “Con este nueva norma, el Gobierno de nuevo apoya a quienes más tienen restándole a quienes están en mayor situación de vulnerabilidad.”
- “Se trata de un despropósito que vulnera las obligaciones estatales en materia de Derecho a la Vivienda” y “las obligaciones del Estado español en materia de derechos humanos”
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